02 de abril de 2017

Repudio a la represión y el terrorismo de Estado desatados recientemente en Paraguay
Entre el 28 y el 1 de abril, Paraguay atravesó una crisis política, social y de representación de suma relevancia.
En un proceso irregular e informal, con el objetivo de lograr una Enmienda Constitucional que permita la reelección presidencial (expresamente prohibida, cualquiera sea el caso, al Presidente y Vice, en el artículo 229 de la Constitución), un grupo de 25 senadores liberales, colorados oficialistas y luguistas votó la aprobación de la enmienda a espaldas de la voluntad popular y adelantando un llamado a sesión extraordinaria para el otro día.
Con un senador auto-proclamado presidente de la Cámara, una reunión fuera de las bancadas del recinto y una alianza entre quienes, en el 2012, estuvieron enfrentados por el Golpe Parlamentario, la enmienda fue votada.
En paralelo, se organizaron manifestaciones convocadas por líderes del Partido Liberal (PLRA) en rechazo a la enmienda, pero a éstas se sumaron personas alistadas en otros partidos e independientes que compartían el repudio a los mecanismos antidemocráticos utilizados para modificar la Constitución y al objetivo final de esa modificación, la habilitación de la reelección presidencial.
Como corolario de la protesta y de la represión sufrida en una primara instancia, los manifestantes incendiaron el Congreso en lo que vemos un acto político de rechazo no sólo a la enmienda y a la maniobra, sino sobre todo a una clase política que, desde el regreso de la Democracia en 1989, ha desoído sistemáticamente sus reclamos.
La respuesta de las fuerzas de seguridad tuvo las características de la de un grupo de tareas de la dictadura: la Policía reprimió a los manifestantes en todo el centro de la ciudad de Asunción y, finalmente, ingresó a la sede central del PLRA. Allí, un agente asesinó por la espalda al joven dirigente Rodrigo Quintana, mientras reducían y amenazaban con matar a los demás.
En los días siguientes, la población ha contestado con más marchas y acciones públicas, mientras los reeleccionistas han dejado entrever que no darán marcha atrás con la enmienda.
Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP), repudiamos enérgicamente la represión y el terrorismo de Estado, rechazamos las maniobras de enmienda que violentan los procesos democráticos, descartamos las teorías que reducen la responsabilidad del asesinato de Quintana al accionar de un solo policía, responsabilizamos al Estado por la muerte del joven, y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a la protesta social para que sea la voluntad de las mayorías populares la que se plasme en las leyes y no la de un grupo de representantes con dudosa legitimidad.

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