12 de julio de 2016
¡NULIDAD YA!
Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP) queremos expresar nuestro repudio al fallo del juicio por la masacre de Curuguaty, perpetrada en 2012 con intenciones de generar un clima de violencia y represión sobre el movimiento campesino.
Ese episodio fue usado para gestar el golpe parlamentario que derrocó el gobierno de Fernando Lugo. Esta maniobra, confirmó la permanencia en el poder de sectores asociados al stronismo así como demostró la persistencia de mecanismos políticos heredados de la dictadura militar.
El golpe parlamentario significó la reorganización en el poder de una elite política fuertemente conservadora y reaccionaria que sin discriminar los colores partidarios, se organiza y coaliga en contra de los movimientos campesinos, los más emblemáticos en la lucha contra el sistema.
Ayer, junto con el resto de la opinión pública, fuimos testigos de la condena, con severas penas, para los campesinos que sufrieron la masacre de junio de 2012, quienes fueron culpados sin evidencia ni pruebas fehacientes y con un proceso viciado desde el principio. La causa se constituyó en una farsa jurídica de repercusión internacional y los campesinos injustamente encarcelados despertaron solidaridad de todos los movimientos sociales y organismos de derechos humanos.
Los once campesinos acusados, encontrados “culpables” y condenados, enfrentarán entre 4 y 35 años de cárcel: Rubén Villalba (30 años de prisión y 5 años más de medidas de seguridad); Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benitez (18 años); Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López (6 años); y Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería (4 años de cárcel). El desenlace del juicio, plagado de irregularidades, falsas acusaciones, evidencias “plantadas” y contra-testimonios, sólo re victimiza a las víctimas, al tiempo de que señala lo parcial y corrupta que la justicia paraguaya es al actuar a favor de los poderes económicos y políticos concentrados.
Consideramos que el juicio es una arremetida del poder político para propinar una derrota histórica al movimiento campesino y a los sectores populares en su conjunto para fortalecer la política económica extractivista, basada en el monocultivo y en la depredación de los recursos naturales, y asociada a la mafia del narcotráfico. Las pruebas para exigir la nulidad del juicio fueron repetidamente difundidas por distintas organizaciones de derechos humanos.
Desde el GESP hemos acompañado la campaña por la libertad de los campesinos criminalizados y sus repetidas huelgas de hambre. Manifestamos, nuevamente ahora, nuestra solidaridad con ellos y la exigencia de NULIDAD YA.