30 de enero de 2016
La reciente muerte de Carolina Marín de 14 años en la localidad de Vaquería (Caaguazú) volvió a visibilizar una práctica repetidamente denunciada por los organismos de DD. HH., la reducción a servidumbre de niños y niñas pobres a través del sistema de criadazgo, práctica largamente extendida en el país.
Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP-IEALC, UBA), nos sumamos al pedido de justicia por Carolina y a la denuncia del sistema de criadazgo que expone a miles de niños y adolescentes a situaciones de una vulnerabilidad semejante. Distintas organizaciones, y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) presentaron un informe en 2014, sosteniendo que habría más de 45.000 niños, niñas y adolescentes que viven en situación de criadazgo, sometidos a largas jornadas laborales de trabajo infantil doméstico a cambio de techo, comida, vestimenta y con la promesa de ser escolarizados. La amplia mayoría de estos niños está expuesta a distintos tipos de violencia que condicionan su desarrollo individual y dejan fuertes secuelas emocionales y psíquicas. Esto genera una situación de servidumbre de la que difícilmente se puede escapar, puesto que son plausibles víctimas de otras formas de explotación de trata de personas o explotación sexual. De hecho, según el informe de la SNNA: “El 58% de las víctimas de la trata de personas trabajaba como personal doméstico antes de ser captada por los tratantes. Esto significa que 6 de cada 10 mujeres que son víctimas de la trata de personas fueron antes trabajadoras domésticas o criaditas. En cuanto adolescentes explotadas sexualmente, casi un 90% fueron previamente trabajadores infantiles domésticos en el sistema de criadazgo. Esto nos dice que 9 de cada 10 adolescentes explotadas sexualmente fueron antes criaditas o trabajadoras domésticas en su niñez. La relación es tan directa que es difícil no pensar en el criadazgo como su causa principal.”
El caso de Carolina también pone en evidencia las irregularidades del sistema de adopción, puesto que ella había sido entregada en guarda al matrimonio del militar retirado Ferreira Rojas y la jueza de paz Ramona Melgarejo, y su muerte muestra la falta de control de los dispositivos de adopción y protección de la niñez, y cómo un matrimonio con injerencia en las instituciones del Estado puede violarlos fácilmente.
Es por ello que urge un cambio de carátula en la investigación del caso, el “homicidio culposo” no considera la total responsabilidad de sus tutores ni contextualiza la situación de servidumbre y opresión en que vivía la niña.
El arraigo de esta práctica solo es posible por la pervivencia de una estructura económica y cultural que condena a los sectores más pobres a condiciones de servidumbre naturalizadas por gran parte de la sociedad. Asimismo, las niñas y mujeres son particularmente vulnerables en este contexto en el que el Estado no garantiza la protección necesaria a las víctimas de violencia sexual, ni prioriza políticas en torno a la salud reproductiva. La entrega de niños como criados suele ser una salida obligada para las madres pobres y/o solteras.
El “criadazgo”, como acuerdo entre una familia pobre que “entrega” a una de sus hijas-niñas y una familia con mejor situación económica que acepta y “emplea” a la pequeña, encubre el siniestro acuerdo entre patriarcado y capitalismo.
Las/los menores son la muestra de problemáticas generadas en el seno de sociedades que necesita de la mano de obra cuasi-esclava o esclava para la reproducción del trabajo doméstico. Son, al mismo tiempo, catalogados como casos de “trabajo infantil”, término acuñado para describir la realidad de los niños de familias pobres, que tienen que “asistir” desde pequeños a las economías domésticas, para intentar disminuir la falta de ingresos, dando cuenta de una desigualdad estructural.
Nos sumamos al pedido de distintas organizaciones sociales por la erradicación plena del criadazgo, lo cual requiere no solo de su sanción penal, sino de políticas de erradicación de la pobreza y de derechos laborales, así como de una fuerte denuncia social que reconozca la veta autoritaria, por la continuidad de la cultura stronista, oculta tras este tratamiento infligido sobre los sectores vulnerables.