19 de abril de 2016
Exigimos reforma agraria integral y apoyo a la economía cooperativista
Paraguay se encuentra atravesando una de las experiencias de lucha campesina más importante de los últimos tiempos. Una gran movilización popular, en principio de campesinos que reclaman la condonación de sus deudas y cooperativistas que rechazan el pago de mayores impuestos, ha ganado la capital paraguaya en los últimos quince días.
Desde entonces, una gran cantidad de colectivos estudiantiles, de trabajadores, agrupaciones territoriales, culturales han mostrado su solidaridad con los pequeños productores agropecuarios y sus reclamos, sumándose a su lucha desde diversas formas.
La visibilidad de la cuestión social agraria no es nueva, desde aquella histórica primera marcha sobre Asunción hecha en el año 1992, el movimiento campesino paraguayo ha llegado hasta la capital del país infinidad de veces, trayendo consigo las demandas históricas de este sector social, destacándose entre ellos el eterno problema de las deudas imposibles de asumir y la falta de financiación para el sostenimiento de la pequeña propiedad campesina y la agricultura familiar y cooperativista.
Las deudas a las que refieren los campesinos derivan de un conjunto de créditos ofrecidos por el Estado paraguayo para que los productores de pequeña y mediana escala, volcasen su actividad a la caña de azúcar y la chía, entre otros.
Las semillas brindadas fueron de mala calidad, los préstamos no tuvieron en cuenta la variación del precio internacional y las deudas acumuladas por las miles de familias campesinas resultaron impagables.
La responsabilidad estatal sobre la crisis económica de los cooperativistas y campesinos es innegable, por lo que demandan la condonación de las deudas.
Por su parte, los manifestantes cooperativistas también se declaran en contra del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses de los préstamos concedidos a socios, lo cual fue determinado por Ley y complica aún más su situación, al tiempo que confunde las bases fundacionales del cooperativismo, aplicando máximas y tributaciones similares a las que deberían cobrarse a las firmas bancarias.
El gobierno de Cartes, siguiendo en la tónica de sus predecesores, se ha mostrado reacio a dar respuesta al “problema campesino”. El gobierno se ha mostrado proclive a la protección y al subsidio de los grandes productores sojeros y ganaderos, cubriendo parcialmente el costo del combustible, y beneficiándolos con una tasa de presión impositiva cercana a cero, pero se ha mantenido completamente contrario a responder a las demandas campesinas, despreciando abiertamente a los manifestantes
Esta es una problemática de largo plazo en Paraguay. En un país con una economía fuertemente primarizada y que se encuentra entre los países con mayor distribución desigual de la propiedad agraria, el “problema campesino” se ubica en el centro de la escena social y política del país.
La historia de la lucha por la tierra en el Paraguay puede entenderse como la historia de una brutal desposesión.
La larga tradición de luchas populares democráticas han tenido como una de sus banderas inclaudicables la realización de una reforma agraria integral, en busca de la democratización del acceso a la tierra, reclamo que afecta al corazón del modelo de acumulación paraguayo.
En efecto, la desigual distribución de la tierra es uno de los límites más importantes a una efectiva democratización de la sociedad paraguaya. Los sectores conservadores que han dirigido el país durante décadas han visto en el mantenimiento del latifundio y la gran propiedad agraria una de las bases genuinas de su poder.
Esta desposesión ha sido acompañada, como suele suceder en este tipo de procesos, de un doble ataque a la población campesina, con el claro objetivo de un disciplinamiento social. Por un lado, las organizaciones campesinas han sido sistemáticamente y salvajemente reprimidas, y la población del campo ha sido sometida a una brutal violación de sus derechos humanos, sociales y políticos, despojándolos de sus más básicas libertades constitucionales. Dan cuenta de ello, los numerosos asesinatos de dirigentes campesinos por el sicariato al servicio de los grandes propietarios y las mafias rurales, con la evidente complicidad del Estado. Por otro lado, desde el poder político y los medios masivos de comunicación (concentrados en unas pocas manos) se ha promovido la construcción de un discurso anti-campesino, transformándolos en un “otro” peligroso, agresivo, salvaje, “vago” e incluso corrupto que viene a perturbar la paz de la sociedad urbana, supuestamente ajena a ella.
No obstante estos ataques, el movimiento campesino paraguayo se mantiene firme en su lucha, y se ha movilizado por miles para exigir una solución a sus problemáticas. Algunos sectores sociales han manifestado su apoyo al reclamo de los agricultores, sumando a su vez sus propias demandas. Desde entonces, el país se encuentra en un estado de agitación y movilización que nos obliga a tomar posición.
Desde el GESP nos sumamos, junto a todas las organizaciones democráticas del Paraguay, al apoyo de las demandas de los productores y cooperativistas, con la firme creencia de que en el camino de una expansión de las garantías y libertades democráticas y en lucha contra los sectores conservadores y reaccionarios, es necesario la distribución igualitaria de la tierra, apoyo a las economías agrarias familiares y fomento a la solidaridad cooperativista.
Hacemos nuestro acompañamiento y llamamiento a la lucha popular. Reforma Agraria Integral YA!