Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP-UBA) repudiamos la decisión del Congreso paraguayo de sancionar una ley para modificar el Código Penal y aumentar las penas carcelarias para los delitos de invasión y ocupación de inmuebles ajenos.
La ley fue aprobada el 29 de septiembre en la Cámara de Diputados y promulgada por el Presidente Abdo Benítez en menos de 24 horas, a pesar de que tanto la Fiscalía en su informe original, como diferentes organismos y actores de la sociedad civil, demostraron que el aumento de las penas no disminuye el delito, pero sí criminaliza la protesta y genera una persecución específica sobre los campesinos e indígenas que reclaman tierras y una reforma agraria integral
Esta avanzada normativa prioriza el derecho a la propiedad por sobre el de la vida, al tiempo que dinamiza la tendencia histórica del Estado paraguayo de reprimir la protesta y perseguir a líderes campesinos e indígenas que luchan por su derecho a una tierra en la que vivir y trabajar.
Por otro lado, también siembra sospecha la peligrosa intervención del Ministerio Público y, especialmente, de la Fiscala Sandra Quiñonez, quien desdiciendo y contradiciendo el informe de rechazo que generó inicialmente el propio organismo, redactó un nuevo documento respaldando la propuesta de ley.
Repudiamos la violencia desatada sobre los campesinos y pueblos originarios, así como la criminalización de su derecho a protestar, rechazando también la parcialidad analítica que lleva a señalarlos como violentos y desmedidos, dejando de lado las décadas de expulsión, persecución y violación de derechos humanos que el Estado paraguayo ha perpetrado contra esos colectivos, tanto en dictadura como en democracia.
La distribución justa de las tierras es el nodo central para generar un modelo de desarrollo inclusivo, igualitario, integrador y respetuoso del medioambiente.
Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay – GESP
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires